La depuración de los funcionarios municipales de Hondarribia

 

Tras la ocupación de Hondarribia el nuevo Estado comenzó a implantarse en la ciudad. Uno de los principales efectos de ellos fue que desde un primer momento las nuevas autoridades comenzaron una política de depuración social, llevada en paralelo a otras actividades represivas. Uno de los elementos más importantes para llevar a cabo la labor depuradora fue el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional. Este fue aprobado el 13 de septiembre de 1936, el mismo día que las tropas sublevadas ocuparon San Sebastián, En el mencionado decreto se ilegalizó a todos los partidos que se habían opuesto a la sublevación a la vez que se decretó la incautación de sus bienes. En el artículo tercero del mencionado decreto también se citaba literalmente que los funcionarios públicos, que podían “ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional”. Se abría así un proceso que iba a conducir al cese de varios de los empleados municipales de Hondarribia como vamos a ver a continuación.

La depuración de los funcionarios municipales comenzó en Hondarribia el 27 de septiembre de 1936, cuando el Gobierno Civil aclaró al Ayuntamiento que la depuración se dirigía hacia el personal en activo. Esto supuso que el maestro jubilado Francisco Lizarazu no fuese afectado por la misma lo cual no era obstáculo para que se aplicasen otras medidas si era considerado “enemigo del movimiento nacional” como se señala en la mencionada comunicación. El grueso de la depuración comenzó el 15 de octubre de 1936, es decir poco más de un mes de la aprobación del decreto 108.  

Como ya es conocido, en los días previos a la ocupación de Hondarribia, en septiembre de 1936, gran parte de la población de la ciudad abandonó la misma para refugiarse en Francia. Aunque algunos volvieron a los pocos días otros tuvieron más dificultades para regresar y otros no lo harían nunca. En muchos casos la ausencia fue el motivo empleado para depurar a los empleados municipales.

Los funcionarios que regresaron tuvieron que presentar el 27 de septiembre de 1936 declaraciones juradas sobre su actuación durante el periodo de control republicano de la ciudad. En la misma sesión se acordó no pagar los sueldos de los funcionarios que hubieran pasado a Francia y no hubiesen regresado y se abrió un expediente a dos funcionarios municipales. El primer expedientado fue el guarda de arbitrios Dionisio Arrasola, al que se había impuesto una multa. Esto fue suficiente para que el concejal Simón Munduate lo considerase “partidario de los rojos” lo que a su juicio era motivo suficiente para expulsarlo del cargo. En esta ocasión fue el abogado y concejal Fernando Valdés Fauli quien logró que previamente se le abriese expediente, eso sí, el mismo sería instruido por Munduate. El segundo expediente que se instruyó fue el del guarda de pesca Leandro Olaizola, sobre quien existía una denuncia, aunque le consideraban de derechas. El concejal Fernando Valdés Fauli, quizás por dar un barniz de legalidad a la cuestión,  por mitigar las ínfulas depuradoras de Munduate y las posibles consecuencias para los funcionarios municipales propuso que se crease una comisión de investigación de la que él mismo formaría parte junto con Simón Munduate.

A resultado del expediente instruido Dionisio Arrasola fue cesado, pero presentó un recurso. En este hizo constar que la Comandancia Militar le impuso una sanción de mil pesetas por “no darle conocimiento de los nombres de suficiente número de personas que secundaron el movimiento marxista y que actuaron en el barrio de Mendelu” y ante la imposibilidad de pagar fue encarcelado. La situación de Arrasola generó un debate en el pleno siendo partidario Senén Amunarriz de que no fuera depurado en contra de la opinión de Simón Munduate mientras que el alcalde y Valdés Fauli eran partidarios de sancionarlo tan solo con un mes de empleo y sueldo sin que se llegase a un acuerdo definitivo.

Pero el proceso depuraros iba a dar un paso más. El 24 de octubre de 1936 el Gobernador Civil de Guipúzcoa hizo pública una nota en la que indicaba que se podía separar de su cargo a todos los funcionarios “de ideas nacionalistas o marxistas” sin necesidad de formar expediente ni de aportar una prueba documental. A la vista de esta circular, en el pleno municipal celebrado el 5 de noviembre de 1936, se recoge una lista de los 23 empleados municipales presentes que fueron confirmados en sus puestos, y de los 17 ausentes que fueron suspendidos de empleo y sueldo. En esa misma sesión se acordó la destitución de Dionisio Arrasola así como del resto de los empleados suspendidos, a la vista de lo que indicaba la circular del 24 de octubre haciendo constar también que la destitución iba a alcanzar a los jubilados que perderían su pensión.

En el mismo pleno se hizo constar que entre  los ausentes se encontraban cuatro músicos que se llevaron consigo los instrumentos, que como indica el acta, eran de propiedad municipal por lo que el Ayuntamiento considera que “conviene resarcirse de su importe”. Los instrumentos que faltaban, y el valor de estos fue calculado en 4.700 pesetas de la época, que equivaldrían a unos 3.600€ en la actualidad. El Ayuntamiento, incidiendo en su idea de resarcirse de la pérdida, estudió la posibilidad de hacerlo mediante la venta de los muebles de los músicos o de sus familiares.

El 14 de diciembre de 1936, con motivo de la reorganización del Ayuntamiento de Hondarribia, el delegado del Gobierno Civil que presidió la sesión hizo hincapié en la necesidad de proceder a la “depuración de todo el personal, eliminado de manera fulminante a todo el personal afecto al frente popular o nacionalista, debiendo quedar únicamente personal netamente español, estudiando su actuación, antes y durante el actual movimiento”. Esto obligó al Ayuntamiento a un nuevo proceso depurador que creía haber culminado en la sesión del 5 de noviembre.

El 16 de marzo de 1937 se produjo el cese definitivo de diecisiete funcionarios municipales en aplicación de las normas de la Junta Técnica del Estado, creada en octubre de 1936, y la apertura de expediente a todos los funcionarios municipales, lo que en palabras de Valdés Fauli haría que el personal municipal “quedase reforzado”. En esa sesión se confirmó a Leandro Olaizola, tras comprobar los concejales “que votó durante toda su vida por las derechas y su hijo único, fue voluntario” lo mismo que un sobrino.

El último acto de la depuración de funcionarios municipales en Hondarribia tuvo lugar el 18 de mayo de 1937. Ese día se dictaminaron los expedientes de depuración del secretario municipal -Valentín Oyarbide Berasategui-, del interventor de fondos Emiliano Garmendia Lecuona, depositario Enrique Berrotarán Sagarzazu, el oficial mayor Florentino Portu, del oficial primero Pedro Lapitz Sagarzazu y del guardamonte Teodoro Sorrozalbere. Llama la atención que estos funcionarios figuraban en la lista de los veintitrés presentados y confirmados en noviembre de 1936. Pese a que no se han conservado los expedientes parece que si hubo una comisión de depuración de los empleados integrada por Regino Elejalde y Eustaquio Berrotarán. Los resultados de ésta fue la confirmación de todos los funcionarios pese a que en tres casos – Enrique Berrotarán, Florentino Portu y Pedro Lapitz- se llegó a formular un pliego de cargos. Estos no se han conservado, o por el momento no han sido localizados en el Archivo Municipal, por lo que desconocemos cuales fueron las acusaciones ya que se hace constar que con los descargos documentados que presentaron los cargos quedaron totalmente “desvirtuados”. Únicamente en el caso de Florentino Portu y de Pedro Lapitz las actas son un poco más explicitas. En el caso de Portu se destaca su religiosidad y “sentimiento de españolidad” y en el caso de Lapitz inciden en “su identificación con el movimiento salvador y con el espíritu de la Nueva España”. Es difícil precisar de qué se tenían que defender ambos funcionarios, pero no es aventurado suponer que tenía que ver con la convulsa situación que se había vivido y se iba a vivir en los años siguientes en el Ayuntamiento de Hondarribia. Sea cuales fueran las acusaciones el tema de la depuración municipal ya no se volvió a tratar más.

Relación de funcionarios del Ayuntamiento de Hondarribia cesados el 8 de marzo de 1937

1.      Bernedo Fernández, Antonio: Farmacéutico titular

2.      Campandegui Sagarzazu, Ramón: Barrendero.

3.      Echaniz Arruti, José Miguel: Maestro municipal.

4.      Echeveste Sagarzazu, Antonio: Profesor de Música

5.      Goicoechea Loidi, Martín: Inspector Guardia Municipal

6.      Hernández San Martín, Arturo: Médico Municipal

7.      Lapitz Campandegui, Francisco: Chofer autobomba

8.      Lasa Badiola, Alberto: Profesor de Música

9.      Lasa Zala, Cayo: Recaudador.

10.  Ostolaza Gárate, Cándido: Médico Municipal

11.  Sagrado Azurmendi, Jesús: Barrendero.

12.  Sagrado Zubiaga, Francisco: Cabo guardias diurnos

13.  Tellería Larrea, Luis: Profesor de Música.

14.  Telllería Zumalacárregui, Ángel: Auxiliar del archivo y profesor de solfeo

15.  Tobalina Pérez, Antonio: Sereno

16.  Tolosa Catarain, Juan: Cabo guardia de arbitrios

17.  Zubeldía Garaño, Jesús: Profesor de Música.