Eduardo García Elosua
Desde la constitución del Gobierno de coalición en España y desde el cambio de criterio del Gobierno Vasco, el diálogo social, tanto en Euskadi como a nivel estatal, ha adquirido un gran protagonismo. Comenzaré por hacer una afirmación sin cortapisas: la concertación y el diálogo social tripartito, refuerza a las organizaciones sindicales y empresariales como interlocutores reconocidos entre sí y por el Gobierno. Ser capaces de hacer frente, también en este importantísimo ámbito de negociación, a los principales problemas de los trabajadores y de las trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía, garantizando el poder contractual de las organizaciones sindicales ante los gobiernos y patronales, no es una cuestión menor.
No participar en el diálogo
social, lejos de ser una posición de fuerza, es una renuncia
expresa a un instrumento
de contrapoder para evitar una forma unilateral e impositiva de hacer frente a
los problemas que en los años de
crisis, y tras la presión de los mercados, se está concretando en ajustes muy
duros con medidas que están poniendo
en cuestión no sólo derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras,
sino el Modelo Social que tanto nos
ha costado construir. Y esto seguirá ocurriendo si no somos capaces de influir en las políticas públicas. Los hechos, que
son tozudos, demuestran que limitar el contrapoder sindical a la negociación colectiva y a las
movilizaciones, huelgas incluidas, no ha impedido que se haya consumado una importante devaluación salarial ni tampoco que se hayan llevado a cabo importantes recortes de los derechos colectivos y de la protección social.
Aunque en Euskadi el diálogo social tiene
un corto recorrido, en su última
etapa ha tenido un avance
significativo. De una parte, por la institucionalización del Diálogo
Social con la creación de una Mesa de Diálogo
permanente de carácter tripartito, como órgano de encuentro y participación de
las organizaciones sindicales y
empresariales y el Gobierno Vasco. De otra por el alcance de los temas
acordados como el Pacto social vasco
para una transición justa en la empresa 4.0; el Acuerdo sobre nuevos nichos y
oportunidades de empleo; la tercera
prórroga de los complementos por ERTE, el Acuerdo sobre el desarrollo de los
Planes de Igualdad o el Acuerdo para
el desarrollo del Sistema vasco de cualificaciones. En el conjunto del Estado
no podemos negar que, con el diálogo
y la concertación social, se han experimentado avances en materia socio- laboral
que, utilizando la crisis como pretexto, las políticas neoliberales han venido cercenando en los últimos tiempos.
En sentido contrario, ha quedado
demostrado que el modelo de gestión unilateral que, en ausencia de diálogo social, han venido practicando los
gobiernos del PP, es un problema tanto
por la propia eficacia de las
reformas, como por la ruptura de un modelo que se había mostrado efectivo. Hoy
los servicios públicos, que son la única garantía para hacer realidad
el ejercicio del derecho de ciudadanía, están siendo cuestionados. Y también los propios
derechos colectivos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía se están recortando. La Reforma Laboral, la reforma
de la negociación colectiva, las medidas en materia de empleo público,
las medidas unilaterales de recorte de las pensiones
o las adoptadas en la sanidad y educación que tuvieron lugar en esta
etapa entre, son sólo unos ejemplos que vienen
a confirmar lo que señalo.
Con las Reformas Laborales y de la negociación
colectiva, el resultado no fue otro que la devaluación salarial, la alta temporalidad y la precariedad en
el empleo y el debilitamiento de la negociación colectiva. Dos situaciones, la del empleo y la debilidad de la negociación colectiva, que sólo podían conducir
a medio plazo a debilitar la
capacidad organizativa de los trabajadores y, por tanto, a una menor capacidad
de respuesta colectiva y a una disminución
de la capacidad de intervención sindical con la pérdida de su capacidad
contractual
El Diálogo Social, además de la base democrática sobre la que se sustentan
las relaciones laborales, es una importante
herramienta para conseguir una mayor y mejor cohesión social y para dotar de
derechos al factor trabajo y a
la ciudadanía.
En
el actual contexto de profunda crisis sanitaria, pero también social y política, generada por la pandemia del Covid-19, debemos seguir reivindicando el
diálogo social y la concertación como un instrumento fundamental para influir democráticamente en las políticas
públicas. Y debemos hacerlo,
consiguiendo que sea compatible con un sindicalismo de proximidad a los
trabajadores y trabajadoras y al conjunto de la
ciudadanía. Así la sociedad nos verá como un instrumento útil. Y eso es
garantía de futuro.
Muchas veces, desde mi punto de
vista de forma equivocada, se parte de una concepción de la política que rechaza los acuerdos como medio para
mejorar las cosas. Cuando decimos que consolidar un Estado de Bienestar fuerte no es un estricto
problema económico y que, más bien, es una opción política, debemos recordar
que la política no consiste en transitar
por caminos fáciles. Muy al contrario debe tratar de resolver y explicar cosas complejas.
Hay quien afirma que los acuerdos sociales
son enemigos del cambio, pero desde la ética de la responsabilidad sobre la que teorizó Max
Weber, hoy es más necesario que nunca utilizar todos los medios para conseguir el mayor bienestar posible
para el mayor número de ciudadanos y ciudadanas. La ética del convencimiento pertenece más al espacio de
la utopía. Pero no queda eliminada por utilizar la ética de la responsabilidad. Muchas veces, se reúnen
los convencidos para estar todavía
más convencidos de lo convencidos que están de todo y, de paso, para denunciar lo
mal que lo hacen los que en el diálogo social dejan, como es lógico, pelos en
la gatera para alcanzar acuerdos entre diferentes. Y lo hacen aunque los acuerdos sean relevantes. Pero
lo cierto es que lo que necesitamos es convencer y, para ello, es importante alcanzar mejoras de los derechos que sean
tangibles y hacernos así convincentes.
Pero no todas las políticas son iguales. Por eso, no caigamos en la trampa de negar o de renegar de la política.
Muy al contrario, es imprescindible recuperar
la política para darle
hegemonía a la democracia frente
a los mercados. La política es la única garantía de convivir respetando la
diferencia. Para que la política recupere
su crédito social, necesitamos más y mejor política que nunca. La política es
el único recurso contra la
desigualdad. Es la política la que debe dignificar los empleos. Es necesario
dar una respuesta política para ganar el pulso que los mercados
están echando a los gobiernos
para consolidar su dominio sobre la economía real. Como diría José Mujica
ex-presidente de Uruguay "sin política en el sentido más profundo, jamás habrá libertad duradera".
Por otra parte, es preciso
recordar que tampoco
todos los gobiernos
son iguales. Este gobierno progresista de coalición es una ventana de oportunidad para recuperar
derechos tanto en el mundo laboral, como en la
negociación colectiva y en la protección social, incluidas las pensiones públicas. Como, a veces de
forma interesada, la memoria es
frágil, conviene recordar alguna de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno
desde el año 2018:
·
El Real
Decreto Ley 28/2018 estableció, entre otras medidas de mejora un incremento
general para las pensiones
contributivas de un 1,6% y de un 3% para las pensiones mínimas y las pensiones
no contributivas; como mejora de los
ingresos, incremento la base máxima de cotización en un 7% y mejora de la cotización y de la acción
protectora para el sistema especial de empleados de hogar; recargo de un 40% en la cotización para contratos
de menos de 5 días de duración; mejora de la
cobertura social de los contratos de formación y aprendizaje y
establecer como límite la edad de 25 años
en lugar de los 30 años; mejora de las pensiones de viudedad a favor de las
personas con 65 o más años y menores
ingresos.
·
En el Real
Decreto Ley 8/2019 se recuperó el subsidio para mayores de 52 años, con una
duración hasta la edad ordinaria de
jubilación, con una cotización del 125% de la base mínima, para tener o no derecho al subsidio, se consideran
exclusivamente los ingresos de la persona beneficiaria y no los de la unidad familiar y se accede al subsidio
completo aunque se proceda de un trabajo a tiempo
parcial; Se recuperan los convenios especiales
para personas cuidadoras no profesionales a cuenta de la AGE.
·
Subidas del Salario Mínimo Interprofesional hasta situarlo en 965,-€ al mes en 14 pagas, un 31% de incremento desde el año 2019.
·
Aprobación del Ingreso Mínimo Vital.
·
Aprobación del complemento por maternidad y paternidad en las pensiones
contributivas para reducir
la brecha de género.
· Medidas anti Covid con reconocimiento de 700.000 prestaciones de Incapacidad Temporal por Covid; 3,4 millones de prestaciones por desempleo vía ERTE; 1,4 millones de prestaciones por cese de actividad de autónomos; prestaciones especiales para empleadas de hogar y artistas; 3 millones de cuotas empresariales exoneradas por ERTE; 1,4 millones exoneradas.
· Recuperación del Pacto de Toledo con la aprobación de las recomendaciones que deben guiar las reformas del sistema público de pensiones.
· Derogación del Índice de Revalorización de las pensiones y del factor de sostenibilidad.
· Aprobación de la reforma de las pensiones. Una reforma que cambia el rumbo que habían tomado las pensiones públicas, suprimiendo los recortes unilaterales y apostando por la mejora de los ingresos frente a la política de recortes.
La reforma de las pensiones
El pasado 29 de
diciembre el Boletín Oficial del Estado publicó
la Ley 21/2021, de 28 de diciembre de garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Este Proyecto de Ley cambia el rumbo que habían tomado las pensiones públicas, suprimiendo
los recortes unilaterales de la
reforma del año 2013 y lanzando un mensaje de tranquilidad y de certidumbre
para los actuales y futuros pensionistas. Veamos alguna
de las medidas contenidas en el Proyecto de Ley.
Nueva fórmula de revalorización de pensiones y
mantenimiento del poder adquisitivo
Se deroga el Índice de Revalorización de las Pensiones
(0,25%), y se introduce una nueva fórmula
de revalorización que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, mediante el incremento de las pensiones
en base al valor medio de los incrementos interanuales del IPC de los 12 meses a diciembre del ejercicio anterior. Se
garantiza que las cuantías de las pensiones no sufran merma alguna en caso de
inflaciones negativas, quedando ese año
inalteradas.
El IPC medio garantiza, igual que el IPC interanual, el poder de compra
de las pensiones.
En 2021 se ha producido un fenómeno inusualmente
acentuado en relación a la diferencia que hay entre ambos índices. Cuando el IPC interanual sea bajo, probablemente el próximo año, ocurrirá a la inversa y el IPC
medio será más alto. Desde el año
1995, los índices de IPC interanual y del IPC medio han tenido una evolución
muy parecida (ver cuadros siguientes).
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Se deroga el Factor de Sostenibilidad
Se deroga el factor de sostenibilidad que hacía recaer en los futuros
pensionistas, sobre todo en los jóvenes, el
aumento del gasto que tendrán nuestras pensiones por la incorporación a la
jubilación de las generaciones más numerosas
de nuestra historia. Una persona trabajadora de 18 años sufría un recorte de un 23%, es decir unos 300,-€ al mes. El nuevo
mecanismo de equidad inter-generacional (MEI), frente a los recortes que se
hubieran producido con la aplicación, de forma automática, del factor de
sostenibilidad reduciendo el importe
inicial de la pensión según la esperanza de vida, se centra en los ingresos y
no en reducir las pensiones, para lo
que incrementan los tipos de cotización en un 0,6% (0,5% empresa-0,1%
trabajador), durante 10 años a partir del 1 de enero de
2023.
Garantía de ingresos
adicionales estables
Se reitera el compromiso del Estado como garante público
del sistema de Seguridad Social.
En este sentido, el Estado
garantiza, vía trasferencia desde los Presupuestos del Estado, el equilibrio
financiero del sistema. Se culmina
la separación de las fuentes de financiación y, la suma de medidas de mejora de
ingresos por transferencias del
Estado, garantiza ingresos adicionales al
sistema en más de 22.500 millones de euros, en
torno al 2% PIB. Con estas transferencias del Estado, estamos
consiguiendo más de la mitad de los recursos
que serán necesarios para hacer frente a los retos del sistema.
Cotización por ingresos reales de
los trabajadores autónomos (RETA)
Compromiso de establecer un nuevo modelo de cotización por ingresos reales
del colectivo incluido en el Régimen de autónomos, plenamente implantado en un periodo de 9 años (año 2031). La implantación del nuevo modelo será progresiva a partir del 1 de enero de
2022, sin producir efectos económicos hasta 2023; y el despliegue será
progresivo hasta un máximo de nueve años.
Mayor equidad
en la jubilación anticipada
Se
amplían las causas de despido para el
acceso a la modalidad de jubilación anticipada involuntaria a todas las situaciones de extinción objetiva
del contrato: traslados
forzosos, impago del empresario, modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Estos trabajadores y trabajadoras tenían la consideración de "falsos voluntarios". Ahora, de una parte, se amplía su derecho a anticipar la jubilación hasta 4 años antes de la edad ordinaria y,
además, lo hacen con menor coeficiente reductor. Se reducen los coeficientes en 37 de los meses de
anticipo y los otros 11 quedan igual que ahora. Se garantiza también el acceso a coeficientes de la jubilación
anticipada involuntaria en caso de desempleados y desempleadas que perciban
el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, al menos
durante tres meses.
En el
caso de la jubilación anticipada voluntaria se endurecen los coeficientes reductores en los primeros 2 meses de acceso a la jubilación (meses 24
y 23 de anticipo) que, sin embargo, se anula progresivamente si se retrasa el acceso a la jubilación desde el mes 22 de anticipo hasta convertirse en una minoración
sustancial de dichos
coeficientes reductores.
Los efectos de la nueva legislación afecta a
quienes tienen mayor salario y, en consecuencia, mayor Base Reguladora, a las que se les garantiza,
como mínimo, la pensión máxima actual para la jubilación anticipada voluntaria.
Otras medidas pactadas
Se
mejoran derechos de la cotización
efectiva de los becarios; de los convenios de cotización de las personas cuidadoras de familiares dependientes que
reduzcan su jornada de trabajo, garantizando el mantenimiento de las bases de cotización que tenían
estas personas antes de dicha reducción; la base reguladora de la Incapacidad temporal de los fijos
discontinuos y la equiparación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho
con la de las personas casadas, entre otras mejoras.
Sin olvidar que la cláusula de salvaguarda, que
aplicará la legislación anterior al 2011 a los expulsados del mercado de trabajo, por despidos o ERE...,
tendrá carácter de indefinida. El año 2020 afectó a más de 58.000 pensionistas.
El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)
El mecanismo de equidad intergeneracional es
producto del acuerdo suscrito en el
ámbito del diálogo social entre el
gobierno y las organizaciones sindicales más representativas, con rechazo de
las organizaciones empresariales y
forma parte de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
El nuevo mecanismo, a diferencia del Factor de
Sostenibilidad al que sustituye, actuará de forma contingente y temporal que intervendrá de forma
equilibrada sobre el conjunto de los parámetros del sistema, evitando hacer recaer en las generaciones más
jóvenes el coste de la incorporación de los Baby Boom, repartiendo, de forma equilibrada, el esfuerzo entre
generaciones y fortaleciendo su sostenibilidad en el largo plazo, en base a dos componentes
siguientes términos:
1.
Primer componente: reactivación
del Fondo de Reserva
A partir de 2023, y a lo largo de un periodo de diez años, se fijará una
cotización adicional finalista que nutrirá
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuya normativa se adaptará a
estos efectos- en los siguientes términos:
La cotización será de
0’6%, de los cuales un 0,5%
corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador.
Esta cotización finalista se mantendrá hasta 2032 y tiene el objetivo de
obtener más de 45.000 millones de euros.
2.- El segundo componente se sitúa a partir del 2033 y pretende, con periodicidad trienal, verificar la previsión de gasto en
2050, utilizando los Informes
de Envejecimiento de la Comisión Europea (dado por Ageing Report 2024). Si el gasto en pensiones no
supera las protecciones de la Comisión Europea, se valorará en el seno del diálogo social y se elevará una propuesta al Pacto de
Toledo para decidir si el Fondo de Reserva se
utiliza para reducir cotizaciones o mejorar las pensiones. Si el gasto
en pensiones supera la previsión de la Comisión, se utilizará el Fondo de Reserva con un límite
de disposición anual del 0,2% del
PIB.
Si la desviación del gasto supera este límite el
gobierno negociará con los interlocutores sociales, para elevar una propuesta al Pacto de Toledo que, o
bien se dirija a incrementar los ingresos por la vía de las cotizaciones u otras fórmulas alternativas, o bien se
dirija a minorar el gasto en
pensiones en términos de PIB.
El diseño del MEI se sustenta en las
recomendaciones del Pacto de Toledo y en concreto la número 3 sobre el Fondo
de reserva, la número 14 sobre jóvenes
y Seguridad Social y la número 21 sobre control
parlamentario, seguimiento,
evaluación y reforma del Pacto de
Toledo.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, no resuelve por sí mismo los problemas del
sistema, pero es un eslabón más que
forma parte de un paquete más completo y ambicioso que contiene medidas de
mejora de los ingresos contenida en
el acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social, en los Presupuestos Generales del estado o en el Proyecto de
Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad
financiera y social del sistema público
de pensiones aprobado
recientemente, así como el
conjunto de materias que están en las mesas de negociación del diálogo social y que tendrán su concreción a largo de la legislatura. Como diría José Luis
Tortuero Plaza, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la UCM "Estamos, por
tanto, ante un bloque de reformas de altísimo
calado y de gran trascendencia. Probablemente, si todo llega al fin previsto,
como es de esperar, se tratará de la reforma
de mayor envergadura de la historia
reciente".
Valoración
El balance de la reforma es positivo. Se recupera el escenario del acuerdo
político (Pacto de Toledo) y social (Diálogo social),
se revierte el camino de recortes generalizados con la derogación del índice de revalorización
de pensiones (0,25%) y del factor de sostenibilidad y, además, se garantiza por
ley el poder adquisitivo de las
pensiones. Es especialmente relevante que, con la culminación de la separación
de fuentes de financiación, el Estado se hace garante de inyectar al sistema ingresos
adicionales estables por más de
22.000 millones de euros anuales, el 2% del PIB. Con esta nueva normativa,
además de certidumbres a las personas
pensionistas actuales y futuras, se da respuesta a dos de los retos que tiene
el sistema público de pensiones: la
suficiencia y la sostenibilidad.
No obstante, estamos ante un proceso, aún
inconcluso, lleno de dificultades por las presiones que han existido,
existen y seguirán
existiendo tanto desde dentro como desde fuera del Gobierno.
y quedan pendientes por negociar materias muy
relevantes como medidas contra la brecha de género en pensiones, el destope
de la Base Máxima de cotización, la integración definitiva
y a todos los efectos de las trabajadoras del hogar en el Régimen
General de la Seguridad Social y la mejora de las pensiones
mínimas y no contributivas,
teniendo en cuenta que la Recomendación 15 del P.T. considera necesario establecer un umbral
de suficiencia de las pensiones, del
mismo modo que la Carta Social Europea establece que el Salario Mínimo de
un País, debe ser el 60% del salario medio.
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