El “Doctor Carabaña”: Arturo Hernández, médico municipal de Hondarribia

 

Entre los muchos casos de ciudadanos de Hondarribia que sufrieron los efectos de la Guerra Civil uno de los más destacados fue el de Arturo Hernández San Martín, médico municipal de Hondarribia hasta septiembre de 1936 en que al igual que muchos otros hondarrabitarras abandonó la ciudad.

            Arturo Hernández era natural de A Coruña, donde nació en 1878.  Era médico titular de Hondarribia y desde 1934 también fue el médico del fuerte de Guadalupe, cargo para que el que fue nombrado por el cirujano militar Leandro Martín-Santos, padre del escritor Luis Martín-Santos. Por este motivo, y por permanecer fiel a las autoridades republicanas durante la Guerra Civil, los ex presidiarios del fuerte promovieron una causa en su contra que constituye uno de los casos más destacados de la represión en Hondarribia y que se puede consultar completo en el Archivo Municipal.

            La causa contra Arturo Hernández dio comienzo a raíz de un escrito firmado por más de cien excautivos de Guadalupe, fechado el 25 de febrero de 1937, y en el que le acusaban de ser “izquierdista fanático”, “médico de confianza del Frente Popular” y mortificar a los presos recetándoles “Agua de Carabaña” –un popular laxante de la época- por lo fue apodado por los reclusos “Doctor Carabaña”,

A raíz de la denuncia de los presos Arturo Hernández, que había regresado a España, fue localizado y detenido el 31 de agosto de 1937 en Salamanca, de donde era originaria su esposa, y a donde se había dirigido tras regresar del exilio. A raíz de su detención, el 24 de septiembre se ordenó la conducción del detenido a San Sebastián y encarcelado en la prisión de Ondarreta. El 27 de ese mismo mes comenzó la instrucción de una información gubernativa sobre el médico. En la misma prestaron declaración numerosas personas y cita en su descargo a los abogados donostiarras César Balmaseda y Luis Ballesteros Tejada, al jefe de los requetés de Irún Félix Laborda, a varios veraneantes como es el caso de Rafael Parella y Javier Allende; a varios militares como el capitán Silva y el teniente coronel en la reserva Carbajal o al conde de la Maza y a los maestros Ricardo Delicado y Julia Jiménez así como al propio Leandro Martín-Santos. De todos los citados tan solo el capitán Silva hizo una declaración favorable al médico al señalar que al recetarle “agua de Carabaña” pudo fingir encontrarse enfermo ante los milicianos y al cabo de unos días ser evacuado del fuerte. La causa se prolongó entre declaraciones a favor y en contra del procesado. Entre ellas destaca la del jefe local de FET y de las JONS de Fuenterrabía que envió un informe el 5 de octubre de 1937 en el que hace consta que “se la ha considerado socialista votando a los mismos. Fue socio fundador de Unión Republicana, así como de Izquierda Republicana”.

El 21 de octubre de 1937 el instructor de la causa consideró que estaba depurada la responsabilidad que no había caso y se debía finalizar la investigación. Sin embargo, el gobernador militar Velarde devolvió la causa al instructor el 1 de noviembre de 1937 indicando que se tome declaración a “más firmantes de la denuncia y que se averiguase quienes fueron los que tuvieron la iniciativa de la presentación de la misma”. Las nuevas declaraciones de los firmantes de la denuncia resultan ser igual de imprecisas. La declaración más importante fue la de Renato Grilli, un industrial establecido en Irún desde 1918 y armador de barcos pesqueros, que acusó al médico de incitar a los pescadores a votar a la izquierda y de sacar de Guadalupe al preso Javier Allende. Esto fue desmentido por la madre del preso quien declaró que nunca pagó no se le pidió dinero para que su hijo fuese liberado. Sobre el origen de la denuncia apunta que la idea fue de unos “veinticinco o treinta ex presos de Guadalupe con el declarante al enterarse de su regreso a esta tierra de Hernández”. Grilli sigue dando información e indica que la idea de presentar la denuncia “surgió espontáneamente… opinando que su presencia en la zona liberada era debido a que las autoridades ignoraban su actuación”.

El instructor de la causa elevó un nuevo informe el 28 de diciembre de 1937 y el auditor en Burgos decidió elevar la información a causa sumarísima en enero de 1938 aunque se abstuvo de dictar auto de procesamiento. De manera simultánea, en un proceso paralelo de depuración, el ayuntamiento cesó en su puesto de médico municipal a Arturo Hernández el 24 de febrero de 1938.

Sin embargo, una vez más y pese a las declaraciones judiciales, la causa no terminó. El 7 de marzo de 1938 el auditor de Burgos indicó que se procesase al médico e instó al Ayuntamiento a que nombrase una serie de personas que informasen sobre los antecedentes políticos del procesado. Los designados fueron el comandante José Mallavia López, comandante del fuerte en esos momentos; el abogado Fernando Valdés Fauli y Simón Munduate que poco aportaron al sumario. El auto de procesamiento se dictó finalmente el 24 de marzo de 1938 asumiendo las declaraciones de Grilli y la de José Martín que indicó que le había dado una purga “con mala intención”. Hernández declaró de nuevo el mismo día y señala que “el delito del declarante ha sido hospitalizar a algunos presos que por su posición social o actuación política los creía el declarante en peligro de muerte, y para salvarles por ser figuras destacadas en las que los rojos pudieran cebarse, les salvó hospitalizándolos sin tener padecimiento alguno”.

La causa contra Hernández entró en su recta final en mayo de 1938, cuando fue procesado acusado de un delito de auxilio a la rebelión por lo que el fiscal solicitó la pena de quince años de prisión. Finalmente se dictó sentencia el 24 de mayo de 1938. En la misma se indica que Hernández era miembro de UR pero que no debía su cargo al Frente Popular. También se dio por probado que no se lucró a cuenta de los presos ni los trató con dureza suministrándoles medicamentos para perjudicarles. En consecuencia, Arturo Hernández fue absuelto sin bien se condenó al procesado “al destierro de las provincias vascongadas teniendo en cuenta sus antecedentes izquierdistas y el justificado agravio que con él tienen distintos vecinos de Irún que son caballeros de España”. La causa militar terminó con el dictamen del auditor por el que le fuerzan a residir a más de 100 kilómetros de Irún, si bien el procesado podía elegir el lugar. Hernández eligió Salamanca donde residían su mujer y sus cuatro hijos. Allí se trasladó tras ser puesto en libertad el 28 de mayo de 1938 con 60 años y la salud quebrantada, como acreditan documentos que se conservan en la causa, tras   permanecer casi un año en prisión.