LOS RETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESPUÉS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Eduardo García Elósua

La crisis del coronavirus, nos ha conducido a una situación extraordinaria, una situación durísima que es desconocida porque no tiene precedentes similares y, por tanto, sin comparación posible con otras crisis anteriores. Sus consecuencias han sido una muy intensa crisis sanitaria y un muy intenso impacto económico, que esperemos tenga una duración limitada en el tiempo y una rápida recuperación.

Nadie podrá poner en duda la importancia que ha tenido la Seguridad Social, con las múltiples medidas que ha puesto y está poniendo en marcha, en la lucha contra los efectos de la pandemia y que está suponiendo un esfuerzo económico muy grande para dar cobertura a 700.000 prestaciones de Incapacidad Temporal (IT-Covid), a 3,4 millones de trabajadores protegidos con prestaciones por desempleo por ERTE aún no teniendo las cotizaciones suficientes y a más de 1,4 millones de autónomos que han percibido o están percibiendo la prestación por cese de actividad. Sin olvidar la exoneración por ERTE de cotizaciones empresariales a más de 3 millones de trabajadores y a 1,5 millones de autónomos, además de los aplazamientos y moratorias para el pago de cuotas empresariales y del Régimen Especial de Trabajadores autónomos (RETA). Un esfuerzo que está siendo soportado por el Sistema de la Seguridad Social, por una parte, con incrementos de prestaciones y, por otra, con pérdidas de ingresos. 

En el caso de las pensiones públicas, esta situación es absolutamente extraordinaria, porque no ha ocurrido nunca, pero es también muy coyuntural. Se han perdido más de 800.000 afiliados y afiladas en el mes de abril y, aunque ya hemos tenido una afiliación inferior a la actual en la crisis anterior, es evidente que ha tenido un impacto negativo en la recaudación por cuotas. Ello obliga al Gobierno a establecer líneas de financiación adicionales, no sólo para la Seguridad Social, sino para el conjunto de las medidas sociales que se están adoptando. 

Una situación extraordinaria como la que estamos padeciendo y en la que la Seguridad Social, como tantas veces, está volviendo a ser un pilar fundamental, necesita una financiación extraordinaria para sufragar las medidas de protección social y de la actividad económica puestas en marcha y que debe realizarse con aportaciones suficientes de los Presupuestos Generales del Estado, que tienen que permitir que la situación del conjunto de la Seguridad Social no se vea afectada por lo que estamos viviendo en este momento. 

Esta financiación extraordinaria debe de ser financiada con deuda, no queda más remedio, y debe hacerse en el menor tiempo posible. De momento el Gobierno ha transferido 30.000 millones de euros adicionales, que sumados a los 13.800 millones anteriores estamos hablando de 43.800 millones de euros transferidos este año. 

La Seguridad Social tiene dos vías de financiación: las cotizaciones de las personas que están en activo y las aportaciones presupuestarias. Si caen los ingresos por la primera hace falta una mayor aportación de la segunda. Las prestaciones de la Seguridad Social, Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente o Jubilación, están garantizadas por el Estado, por tanto, la línea roja estará en la capacidad de endeudamiento del Estado Español y en la capacidad de respuesta a sus compromisos. 

En lo que al Sistema de pensiones se refiere, sería bueno situar el debate con una gran primera idea fuerza: la situación del sistema de pensiones no se ha modificado con motivo de la pandemia. Al contrario que otras materias, donde hay un impacto evidente, como la crisis económica o la pérdida de empleo, el sistema de pensiones no ha sufrido cambios sustanciales y sigue teniendo los mismos retos que tenía antes de la pandemia y que tienen que ver con: 2 

1) La suficiencia de las pensiones. 

2) la sostenibilidad del sistema, y 

3) la evolución de la demografía, sobre todo por la incorporación a la jubilación de la generación del Baby Boom. No son la natalidad, la longevidad o el incremento de la esperanza de vida la clave de la exigencia mayor del sistema de pensiones. El reto es la presión que va a tener el sistema con la incorporación, de la generación más numerosa de nuestra historia, en la edad de jubilación y eso significa que vamos a tener que abordar estos retos. 

Son retos que teníamos antes de la pandemia y son retos que tenemos después de la pandemia. Y por lo tanto es ahí donde hay que situar el debate. Son retos exigentes pero perfectamente asumibles y gobernables y que no se pueden ni deben resolver con fórmulas mágicas. Los problemas de la Seguridad Social no los van a resolver las cuentas nocionales, ni lo va a resolver la sustitución del Sistema Público de Pensiones por un sistema complementario de capitalización individual. Los sistemas de seguridad social públicos de reparto no son sistemas de capitalización individual. No se puede comparar los niveles de las aportaciones con los niveles de las prestaciones porque son un sistema de aseguramiento colectivo y conjunto que, además tiene un componente de solidaridad. 

Hay que recuperar la senda del consenso político y del acuerdo social en el marco del Pacto de Toledo, lo que significa retrotraer la situación al último acuerdo alcanzado en ese seno que fue el del año 2011. Y recuperar la senda del consenso político y del acuerdo social, supone que se tienen que abordar a la mayor brevedad posible, dos cuestiones que son claves: 

1) Derogar la Reforma de pensiones del 2013: Con esta medida, se recuperaría la fórmula de revalorización que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, se eliminaría el factor de sostenibilidad de aplicación automática y se mejorarían cuestiones como la plena integración de empleadas del hogar y de los trabajadores agrarios, las pensiones mínimas o la mejora de los requisitos para el acceso a las diferentes modalidades de jubilaciones voluntarias. 

2) Tomar medidas que nos permitan equilibrar financieramente la situación de la Seguridad Social. Medidas que deben de adoptarse en una doble dirección:  

De una parte reforzar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. No puede ocurrir que, un sistema como el de la Seguridad Social en el que las cotizaciones sociales son la fuente más importante de su financiación, aunque no la única, tenga a una cuarta parte de sus integrantes que no cotiza por sus ingresos reales (trabajadores con las bases máximas topadas, los cotizantes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que no cotizan por sus ingresos reales, como tampoco lo hacen los del Sistema Agrario y las trabajadoras del Hogar). No es aceptable de ninguna manera. 

No cotizar por los ingresos reales significa también que, una parte significativa tampoco tributa por ingresos reales, lo cual tiene un impacto importante en términos fiscales y en términos de ingresos de la Seguridad Social. Pero no obviemos que también tiene un impacto negativo en términos de protección social para esas personas cuando llegan las situaciones de necesidad. Porque si no se cotizan por los ingresos reales, hay un impacto en los ingresos del sistema, pero también una menor prestación social. Otras medidas para la mejora de los ingresos son: la eliminación de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones por creación de empleo, mejorar la lucha contra el fraude y conseguir una recuperación del empleo y de los salarios. 3 También hay que hablar sobre la recaudación por cotizaciones. Hasta el año 2016 las aportaciones empresariales han disminuido como consecuencia de la destrucción de empleo y también por los efectos en el mercado de trabajo de las diferentes reformas laborales. Por otra parte, es bueno recordar que en los últimos 30 años los tipos de cotización han disminuido 4 puntos.

Por eso, los tipos de cotización no son intocables. Ni los de las empresas ni los de los trabajadores.

Y de otra parte, a través de una política fiscal adecuada. La Seguridad Social tiene dos vías de financiación: las cotizaciones de las personas que están en activo y las aportaciones presupuestarias. Si caen los ingresos por la primera hace falta una mayor aportación de la segunda y para ello, se necesita una profunda reforma fiscal para poder disponer de un sistema impositivo que asegure, en primer lugar, que paguemos todos y, en segundo lugar, que pague más el que más tiene. Dicho de otra manera, un modelo fiscal que se caracterice por los principios de equidad, progresividad y suficiencia. Es la única forma de garantizar un flujo de ingresos estable y suficiente mediante aportaciones del Estado y no por la vía de los préstamos. 4 Tenemos 7,7 puntos menos de presión fiscal que la eurozona y esto, en términos de recaudación, supone dejar de ingresar más de 80.000 millones de euros. Y tenemos 7,1 puntos menos que la media europea, 13,5 puntos menos que Francia y 8 puntos menos que Italia. 

Como ya he señalado, la financiación extraordinaria que se precisa se hará necesariamente con deuda. Y hacer frente a esa deuda pública, exige una respuesta de nuestro país, sin duda, pero también una respuesta europea. El acuerdo de la UE ha sido positivo pero insuficiente. Es imprescindible que Europa respalde la emisión de deuda que todos los países de Europa, no sólo los del Sur, van a necesitar para abordar una situación extraordinaria como esta. Y para pedir ayudas a Europa es conveniente, entre otras cosas, armonizar la fiscalidad y disponer de unas políticas impositivas que cumplan con los principios de progresividad, eficiencia y suficiencia. 

Sin olvidar que es urgente disponer de una estructura de ingresos que nos permita abordar con éxito los retos que tiene por delante nuestro Sistema Público de Seguridad Social.